El Gobierno quiere desarmar monopolios y favorecer la producción nacional y al consumidor. Pero no siempre la intención expresa termina plasmándose en los resultados.
Todo apunta a un mayor control del Gobierno en el sistema productivo del país, pues para evitar los abusos se podría recurrir a las sanciones establecidas sin necesidad de ir a una modificación de las leyes.
Tal es el caso de la Ley de Propiedad Intelectual.
Expertos en la materia señalan la conveniencia de modificar la ley, ya que con la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, se desaplicaron las normativas de la CAN, y el asunto volvió a la órbita de la ley nacional que data de 1955.
El cimbronazo de la salida de la CAN significó un golpe para el país, ya que hacía más de 25 años que las normas andinas beneficiaban a todos sus miembros.
El Gobierno venezolano consideró que allí prevalecían los intereses de los grandes mercantilistas internacionales. La idea era salir de la CAN y entrar en el Mercosur, pero el juego quedó trancado y lo que prevalece es la zozobra sobre el tema de marcas y patentes.
Desde hace más de 6 años el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual no otorga patentes en ningún campo tecnológico. Hay 2.000 casos de oposiciones al registro de marcas pendientes, y otras 25.000 causas en el haber del organismo.
Abogados del Estudio Antequera Parilli consideran que la dirección en la que se moverá el legislador será en la de la eliminación o minimización del sistema de patentes en el país. Esto llevaría a que las empresas o particulares no puedan, o no quieran, patentar sus inventos en Venezuela.
El ministro de Comercio, Eduardo Samán, cree que la legislación vigente favorece a las multinacionales en detrimento de la industria nacional. Ha llegado a señalar que las patentes de las transnacionales impiden la fabricación a los laboratorios venezolanos.
Además, afirma que son las patentes las que encarecen el precio final de los medicamentos. “Existen empresas que cometen abusos, que tienen licencias con exclusividad sobre supuestas invenciones que no lo ameritan, y todo eso ocurre por la aplicación de una ley desactualizada”.
Los laboratorios mueven cerca de 2.500 millones de dólares al año, y más de la mitad corresponde a las multinacionales. Con el ánimo de proteger los derechos de las mayorías (en especial propiciar el acceso a medicamentos más económicos), se corre el riesgo de que el inventor no perciba los beneficios particulares de patentar en Venezuela, y se inhiba de hacerlo. Y si bien los laboratorios nacionales pudieran creer que saldrían favorecidos, podrían verse perjudicados por la falta de acceso a la información tecnológica que se genere en el país, ante la ausencia de licencias de empresas extranjeras, que son las más avanzadas en materia de innovación.
Sin embargo, Cifar, Cámara de la Industria Farmacéutica, y Canamega, Cámara Venezolana de Medicamentos Genéricos, confían en que podrán producir más. Ángel Márquez, presidente ejecutivo de Cifar, dijo que “no hay motivo para escandalizarse por la reforma” y se declaró a favor de la iniciativa gubernamental.
Con la reforma, algunos inventos no podrán ser patentados si son declarados de interés social, y quedarían bajo el control del Estado, como se ha sugerido. Otra propuesta en borrador indica que la vigencia de las patentes no podrá ser mayor a 20 años, por lo que, una vez cumplido ese lapso, pasarán necesariamente al dominio público. Y para ello, las descripciones de los inventos (sean fórmulas químicas o tecnológicas) deberán tener adecuada claridad y suficiencia para poder ser producidas por otras empresas.
Otro punto en discusión es que el derecho de titularidad que tenga un particular sobre una patente no podría ser transferido a las empresas privadas, lo que le restaría poder a estas últimas.
Lo cierto es que buena parte del PIB de los países desarrollados proviene de ingresos derivados de la propiedad intelectual. Europa le paga a Estados Unidos 14.000 millones de euros anuales por ese concepto, cifra sustancial para el PIB estadounidense, al tiempo que se incentivan nuevas tecnologías.
Pero la posición del Gobierno de Venezuela va en sentido contrario al de los países de avanzada. De hecho, no hay precedentes en el mundo de iniciativas similares.
Hasta Cuba es un gran defensor de patentes.
Venezuela comenzó a promover la revisión de la doctrina en derechos de autor y propiedad industrial en los otros países miembros de la Alternativa Bolivariana de las Américas. La idea es avanzar en distintos frentes y fuera de fronteras. Se espera que en las próximas semanas el comité local creado para estudiar la materia dé a conocer el documento, que será discutido con los diferentes actores sociales, antes de ser presentado en la Asamblea Nacional. La aspiración es que se sancione a mediados de 2010.
El cimbronazo de la salida de la CAN significó un golpe para el país, ya que hacía más de 25 años que las normas andinas beneficiaban a todos sus miembros.
El Gobierno venezolano consideró que allí prevalecían los intereses de los grandes mercantilistas internacionales. La idea era salir de la CAN y entrar en el Mercosur, pero el juego quedó trancado y lo que prevalece es la zozobra sobre el tema de marcas y patentes.
Desde hace más de 6 años el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual no otorga patentes en ningún campo tecnológico. Hay 2.000 casos de oposiciones al registro de marcas pendientes, y otras 25.000 causas en el haber del organismo.
Abogados del Estudio Antequera Parilli consideran que la dirección en la que se moverá el legislador será en la de la eliminación o minimización del sistema de patentes en el país. Esto llevaría a que las empresas o particulares no puedan, o no quieran, patentar sus inventos en Venezuela.
El ministro de Comercio, Eduardo Samán, cree que la legislación vigente favorece a las multinacionales en detrimento de la industria nacional. Ha llegado a señalar que las patentes de las transnacionales impiden la fabricación a los laboratorios venezolanos.
Además, afirma que son las patentes las que encarecen el precio final de los medicamentos. “Existen empresas que cometen abusos, que tienen licencias con exclusividad sobre supuestas invenciones que no lo ameritan, y todo eso ocurre por la aplicación de una ley desactualizada”.
Los laboratorios mueven cerca de 2.500 millones de dólares al año, y más de la mitad corresponde a las multinacionales. Con el ánimo de proteger los derechos de las mayorías (en especial propiciar el acceso a medicamentos más económicos), se corre el riesgo de que el inventor no perciba los beneficios particulares de patentar en Venezuela, y se inhiba de hacerlo. Y si bien los laboratorios nacionales pudieran creer que saldrían favorecidos, podrían verse perjudicados por la falta de acceso a la información tecnológica que se genere en el país, ante la ausencia de licencias de empresas extranjeras, que son las más avanzadas en materia de innovación.
Sin embargo, Cifar, Cámara de la Industria Farmacéutica, y Canamega, Cámara Venezolana de Medicamentos Genéricos, confían en que podrán producir más. Ángel Márquez, presidente ejecutivo de Cifar, dijo que “no hay motivo para escandalizarse por la reforma” y se declaró a favor de la iniciativa gubernamental.
Con la reforma, algunos inventos no podrán ser patentados si son declarados de interés social, y quedarían bajo el control del Estado, como se ha sugerido. Otra propuesta en borrador indica que la vigencia de las patentes no podrá ser mayor a 20 años, por lo que, una vez cumplido ese lapso, pasarán necesariamente al dominio público. Y para ello, las descripciones de los inventos (sean fórmulas químicas o tecnológicas) deberán tener adecuada claridad y suficiencia para poder ser producidas por otras empresas.
Otro punto en discusión es que el derecho de titularidad que tenga un particular sobre una patente no podría ser transferido a las empresas privadas, lo que le restaría poder a estas últimas.
Lo cierto es que buena parte del PIB de los países desarrollados proviene de ingresos derivados de la propiedad intelectual. Europa le paga a Estados Unidos 14.000 millones de euros anuales por ese concepto, cifra sustancial para el PIB estadounidense, al tiempo que se incentivan nuevas tecnologías.
Pero la posición del Gobierno de Venezuela va en sentido contrario al de los países de avanzada. De hecho, no hay precedentes en el mundo de iniciativas similares.
Hasta Cuba es un gran defensor de patentes.
Venezuela comenzó a promover la revisión de la doctrina en derechos de autor y propiedad industrial en los otros países miembros de la Alternativa Bolivariana de las Américas. La idea es avanzar en distintos frentes y fuera de fronteras. Se espera que en las próximas semanas el comité local creado para estudiar la materia dé a conocer el documento, que será discutido con los diferentes actores sociales, antes de ser presentado en la Asamblea Nacional. La aspiración es que se sancione a mediados de 2010.